Normativa

Las normas de Precios de Transferencia en el Salvador fueron incorporadas al Código Tributario (emitido por el Decreto No. 230) por medio del Decreto 233 (publicado en el Diario Oficial con fecha 21 de diciembre de 2009 y con vigencia a partir del 2010). Sin embargo, por medio del Decreto 763 (publicado en el Diario Oficial con fecha 31 de julio de 2014) se modifican estas normas y se incorpora la referencia a los Lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, por sus siglas en inglés).

Estas normas se aplican para sujetos relacionados (parte de un mismo grupo empresarial) y en el caso de transacciones que se celebren con sujetos domiciliados, constituidos o ubicados en países, estados o territorios con regímenes fiscales preferentes, de baja o nula tributación o paraísos fiscales (artículo 62-A del Código Tributario).

En estos casos las transacciones tienen que valorarse, para efectos del Impuesto Sobre la Renta de El Salvador, a valor de mercado, para lo cual se deberá aplicar una metodología técnica especial. Esta consiste en aplicar el método establecido en el artículo 199-B del Código Tributario (este artículo básicamente busca comparables externos o internos), y los Métodos que establecen los Lineamientos de la OCDE, conforme a lo establecido en el punto 5 (Determinación del precio de mercado) de la Guía de Orientación General para facilitar el tratamiento tributario de las operaciones sujetas al ámbito de PT, aprobadas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de marzo del 2012.

Las obligaciones formales con la que los contribuyentes deberán contar son:

  1.  Documentación que sustente que las operaciones que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de las normas de PT se encuentran a valor de mercado. 


  2.  El Informe de Operaciones con Sujetos Relacionados (Formulario 982 Versión 2) ante la DGII. Este se debe presentar dentro de los tres primeros meses siguientes de finalizado el ejercicio fiscal. El incumplimiento de esta obligación acarrea una multa de hasta 0.5% sobre el patrimonio y no podrá ser inferior a tres salarios mínimos mensuales (Art. 244, literal I del Código Tributario) Entre otras obligaciones:  

  3. Los auditores deben cumplir con reflejar en el dictamen y en el informe fiscal la situación tributaria del sujeto pasivo dictaminado, en relación a las normas de PT (artículo. 135 f) del Código Tributario), para lo cual podrán utilizar alguno de los 5 formatos sugeridos de dictamen e informe fiscal aprobados por la DGII, con fecha 6 de mayo de 2011. El incumplimiento de esta obligación puede originar que se aplique una multa de cinco salarios mínimos mensuales (Art. 248, literal d del Código Tributario)